Hace un tiempo nos bombardean de correos electrónicos a los latinoamericanos con algo que dice “Reglamento Europeo de Protección de Datos”; pero, muchos de nosotros no estamos en Europa, estamos en algún lugar recóndito de los 19.2 millones de kilómetros cuadrados de América Latina, sin saber si nuestro país tiene algo referido a la Protección de Datos Personales.

A continuación repasaremos cual es la legislación vigente en cada Estado de América Latina en materia de Protección de Datos Personales.

MEXICO

En México, la protección de datos es una garantía constitucional donde toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así́ como a manifestar su oposición, podemos encontrar una especie de desdoblamiento; por un lado tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares de Julio de 2010 que se aplica a los particulares sean personas físicas o morales (jurídicas) de carácter privado, y por otro, otra ley para el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de Enero de 2017 cuya autoridad de aplicación es el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales). Asimismo, en el año 2018 se adhirió al Convenio 108 del Consejo de Europa para la Protección de las Personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal.

VENEZUELA

Venezuela carece de una ley especifica de Protección de Datos Personales. Sin embargo, la Constitución prevé en el articulo 28 el Derecho de Acceso a la Información y los derechos de Actualización, Rectificación o Destrucción de los Datos Personales.

COLOMBIA

Instaurada en el Articulo 15 de la Constitución Colombiana, también en este país se han dictado leyes referidas a la Protección de Datos Personales. La mas importante es la Ley 1581 de 2012 que establece la obligación de Registrar las bases de datos en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la figura del Encargado de tratamiento, los derechos de conocer, actualizar, rectificar o revocar los datos, entre otros.

ECUADOR

Otro país que no cuenta con legislación en material de Protección de Datos Personales es Ecuador. A pesar que lo han incorporado en su Constitución Nacional en el año 2008, en septiembre de 2019 el Ministerio de Telecomunicaciones ecuatoriano ha enviado a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de Protección de Datos Personales que se inspira en el modelo Europeo.

PERU

La Ley 29.733 promulga en el año 2011 el régimen de Protección de los Datos Personales, y donde el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección Nacional de Justicia, es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Esto se basa en la garantía constitucional de la Acción de Habeas data que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2, incisos 5  (solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública ) y 6 (A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar) de la Constitución.

BOLIVIA

Bolivia no tiene una legislación general de protección de datos personales ni una visión normativa integral, a pesar  de ser un derecho consagrado constitucionalmente.

BRASIL

Brasil cuenta con el ultimo y mas avanzado sistema de Protección de Datos Personales de la región cuando el pasado Julio de 2018 aprobó la Ley General de Protección de Datos. Si bien entrará en vigencia en el año 2020, esta basado en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y se aplicará a entidades legales que procesan datos personales ya sean estas públicos o privados, que deberán nombrar un delegado de protección de datos; además la normativa prevé sanciones de hasta el 2% de los ingresos brutos en el último año fiscal y también se creó la Autoridad Nacional de Protección de Datos.

PARAGUAY

Muchos legisladores de este país han enviado al congreso reformas y proyectos de ampliación y modificación de la actual Ley vigente No 1682/01 que reglamenta la información de carácter privado y su modificatoria, la Ley N° 1969/02 cuyo objeto es regular la recolección, almacenamiento, distribución, publicación, modificación, destrucción, duración, y en general, el tratamiento de datos personales, pero no de cualquier tipo de dato personal, sino de aquellos contenidos en registros públicos o registros privados destinados a dar informes, por lo tanto, los bancos de datos privados que no tengan la función de proporcionar informes, no se encuentran comprendidos en la ley. Otro recurso constitucional en esta materia es la garantía de Habeas Data contenida en el articulo 135 de la carta magna paraguaya.

CHILE

Desde el año 1999 Chile cuenta con la  Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley 19628 pero la ausencia de sanciones efectivas, la falta de regulación del flujo transfronterizo de datos personales, la autorización del uso de datos para marketing directo sin consentimiento del titular, la falta de registro de bancos de datos privados, la ausencia de una autoridad pública de control, excepciones amplias al consentimiento para el tratamiento de datos, y la falta de mecanismos procedimentales de resguardo efectivo hacen que esta ley sea ineficaz, y Chile pretende modificarla basándose en el Reglamento Europeo de Protección de Datos.

URUGUAY

La ultima modificación a la Ley de Proteccion de Datos Personales en Uruguay incorporo a la Lay N° 18.331 (custodiada por la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales) una alteración en el ámbito de aplicación de la misma, donde regirá también fuera de las fronteras del país en caso de que las actividades del tratamiento están relacionadas con la oferta de bienes y servicios dirigidos a habitantes de Uruguay o que involucren el análisis de su comportamiento, o si así lo disponen normas de derecho internacional o un contrato; asimismo incorporó la figura del Delegado de Protección de Datos y generó nuevas obligaciones para responsables y encargados de bases de datos. Es importante mencionar que Uruguay ha sido declarado país adecuado en materia de Protección de Datos por la Unión Europea, lo que facilita entre otras cosas, las transferencias internacionales de datos, y también Uruguay ha formalizado su adhesión al Convenio 108 del Consejo de Europa para la Protección de las Personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal en agosto de 2013.

ARGENTINA

Por la acción prevista en el artículo 43, tercer párrafo de la Constitución Nacional, en octubre del año 2000 se aprobó la ley Nº 25.326 de Protección de los Datos Personales, la cual está basada en la española Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal (LORTAD), y cuya aplicación es la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Cabe destacar, que la Argentina es considerada desde el año 2003 por la Unión Europea  como un país con legislación adecuada para la protección de datos personales (Decisión 2003/490/CE, de la Comisión de 30/06/2003) por lo que podrá realizarse una transferencia de datos personales a entre la Unión Europea y la Argentina sin requerir autorización especifica. En septiembre de 2018, el PEN envió al congreso el proyecto de ley de protección de datos personales, que derogaría la actual Ley. Además, Argentina recientemente se adhirió al Convenio 108, el cual esta a la espera de ser ratificado por el Congreso de la Nación.

Conclusiones

Es claro que hay que dotar a América Latina de legislaciones más eficientes, basándose en el estándar mas alto como es el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Si bien hay voluntad de muchos países para que esto suceda, la implementación y el cambio de cultura puede ser mas lento que la voluntad legislativa.