El alcance territorial de las normas europeas

¿Cuales son las fronteras del “derecho al olvido”? ¿Y cuál es el alcance territorial de los ordenamientos jurídicos en el mundo digital?

Hace unas semanas el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) puso fin a un litigio de casi media década entre Google y la autoridad francesa de protección de datos (CNIL). Y en este caso se dio la razón al motor de búsqueda.

De acuerdo con la sentencia, Google sólo está obligado a bloquear resultados por el “derecho al olvido” de las versiones europeas de su buscador. Esto contraría resolución de la autoridad francesa del 2015 que determinó la eliminación global de unos enlaces vinculados a un ciudadano francés en el motor de búsqueda estadounidense.

También invalida una sanción de 100.000 euros impuesta a Google por no haber suprimido estos links de todas sus versiones, sino de las europeas.

El “derecho al olvido”

mujer con la bandera de europa

En mayo de 2014, otra sentencia del TJUE (C‐131/12, EU:C:2014:317) reconoció a los ciudadanos europeos el “derecho a la desvinculación” de enlaces considerados “inadecuados, irrelevantes, ya no relevantes o excesivos” de los resultados de búsquedas disponibles para sus nombres. 

Esto se aplica incluso cuando la publicación de origen sea lícita, siempre y cuando no haya un interés público predominante en la información (e.g.: papel desempeñado por la persona en la vida pública).  

Pero aún no quedaba claro en qué versiones de Google se deberían llevar a cabo el bloqueo: ¿La del país del reclamante? ¿Todas las versiones europeas? ¿Una remoción global? 

De un lado, Google entendía que la sentencia del TJUE no determinaba el bloqueo de los resultados sin limitación geográfica, y que cualquier otra interpretación podría vulnerar los principios de cortesía y no injerencia del Derecho internacional público.

También podría limitar de forma desproporcionada las libertades de expresión, información, comunicación y prensa, garantizadas en el marco de derechos fundamentales de la UE.

Y del otro, la autoridad francesa defendía que sólo la retirada de todas las versiones de un motor de búsqueda podría responder plenamente al objetivo de la Directiva 95/46 y del RGPD de garantizar un elevado nivel de protección de los datos personales en toda la Unión.

Cuestiones perjudiciales enviadas al tribunal europeo

El “Conseil d’État” francés (actuando como Tribunal Supremo del Contencioso-Administrativo) ha planteado tres cuestionamientos a la corte europea para poder solucionar el litigio:

  1. ¿Estaría el motor de búsqueda obligado a proceder a dicha retirada respecto de la totalidad de los nombres de dominio de su motor?
  2. En caso negativo, ¿solamente estaría obligado a suprimir los enlaces controvertidos de los resultados en el nombre de dominio correspondiente al Estado dónde se ha presentado la solicitud o, de manera más general, para el conjunto de los Estados miembros?
  3. Como complemento de la obligación anterior ¿debería también suprimir, mediante la técnica denominada “bloqueo geográfico”, desde una dirección IP supuestamente localizada en el Estado de residencia del reclamante, o incluso, de manera más general, desde una dirección IP supuestamente localizada en cualquier de los Estados miembros?

Sensibilidades distintas en otras partes del mundo

hombre al lado de un globo terrestre

La solución presentada por el TJUE de limitar los bloqueos de resultados con base en el “derecho al olvido” a las versiones europeas de Google se cierne en un ejercicio de ponderación entre los derechos a la protección de datos del indivíduo y la libertad de información de los internautas.

La corte recuerda que los derechos no son absolutos y que el equilibrio entre estos valores “puede variar significativamente en las distintas partes del mundo”.

También se enfatiza que el análisis del marco normativo europeo no permite afirmar que el legislador de la Unión haya optado por consagrar un alcance que vaya más allá del territorio de los Estados miembros.

Sin embargo, la corte europea recuerda que el Derecho de la Unión tampoco prohíbe que se ordene la retirada global de enlaces. Es decir, una autoridad de control o judicial de un Estado miembro estaría legitimada a determinar este tipo de bloqueo según los estándares nacionales de protección de derechos fundamentales de cada país.

Queda por lo tanto una ventana abierta para el planteamiento de litigios similares en el futuro.

Próximos pasos

Según los datos publicados por la empresa en su informe de transparencia, Google ha recibido casi 900.000 solicitudes de retirada hasta la fecha con base en el “derecho al olvido”. Se han bloqueado en Europa un 45% de las URLs solicitadas por este motivo.

Muchas de estas reclamaciones son igual o más complejas que el caso resuelto por el TJUE. En un próximo artículo hablaremos de los problemas relacionados al “derecho al olvido” y de los impactos negativos que esto puede tener en el ejercicio regular del derecho a la información.