El presente artículo pretende abarcar aspectos concretos de los Smart Contracts, desde un enfoque tanto práctico como jurídico. El punto de partida del análisis son los Smart Contracts ejecutados a través de la plataforma Ethereum.

El término Smart Contract surge en el año 1995 de la mano del jurista y criptógrafo Nick Szabo. Este término traspasa el plano teórico y se materializa como una propuesta viable con la creación de Ethereum por Vitalik Buterin en 2015.

Para una mejor comprensión del artículo, se recomienda la lectura del artículo publicado el pasado 17 de agosto por mi compañero Martín Oxila: ¿Qué son y de donde provienen los Smart Contracts?

¿Qué es Ethereum y cómo funciona?

Ethereum es una plataforma colaborativa descentralizada basada en la tecnología de registro distribuido (DTL). En concreto, Ethereum se cimienta en la modalidad blockchain, conservando similitudes con el funcionamiento de la criptomoneda Bitcoin. No obstante, mientras que el blockchain de Bitcoin se diseña con la única finalidad de gestionar la contabilidad de esta criptomoneda, Ethereum supone un cambio de paradigma al permitir otras aplicaciones. En otras palabras, Ethereum se puede definir como una red blockchain programable que permite la creación del Smart Contract.

La plataforma Ethereum dispone de su propia criptomoneda, el Ether, y codifica los datos de la misma forma que el Bitcoin. Con la creación de esta plataforma se incorporan nuevos conceptos como “gas” y “Ethereum Virtual Machine” (EVM), este último término es elemento clave dentro de su protocolo. Ethereum utiliza su propio lenguaje de programación “Solidity”, especialmente desarrollado para la generación del Smart Contract mediante su interacción con el EVM.

En resumen, Ethereum incorpora los Smart Contract a su red de blockchain, siendo ejecutadas las instrucciones marcadas por el ETV por los nodos, al ser parte del protocolo de verificación de los bloques. Dicho de otra manera, los nodos verifican cada bloque y ejecutan el código repitiéndose los mismos cálculos y procesos por cada uno de ellos. Este proceso genera un gran coste a nivel computacional, todo ello con el único fin de evitar intermediarios y funcionar mediante una red descentralizada.

Ethereum, al igual que ocurre en Bitcoin, recompensa a los “mineros” por procesar el Smart Contract mediante el denominado “gas”. La recompensa del “minero” dependerá del gas necesario para el procesamiento de ese Smart Contract, de la velocidad en la que se procese y de la cotización del “gas” en ese momento.

¿Qué relación tiene el Smart Contract con un contrato? ¿Se sustituyen?

Los Smart Contract se conforman por un código informático que articula, verifica y ejecuta de forma automática las obligaciones recogidas en un contrato. Dicho de otra manera, un Smart Contract no contempla la totalidad de un contrato sino parte de sus obligaciones, las cuales se traducen en un código, debiendo ser un fiel reflejo de la voluntad de las partes.

En este sentido, destacar que trasladar el acuerdo a la forma que requiere el Smart Contract reviste cierta complejidad y, al mismo tiempo, es un punto crítico ya que de ello depende que se produzcan los efectos acordados, es decir, la eficacia del contrato.

En conclusión, un Smart Contract no documenta el contrato, sino que lo complementa en su fase de cumplimiento como medio de ejecución. Por ello, resulta lógico pensar que unas líneas de código no reúnen todos los requisitos exigidos para la constitución de un contrato con todos sus efectos jurídicos. Reseñar que cuando un contrato cumple con todas las exigencias legales es autoejecutable y se denomina Smart Legal Contract.

¿Qué particularidades tiene un Smart Legal Contract?

Al igual que cualquier contrato tradicional, el proceso de contratación debe estar regido conforme a la buena fe, al uso y a la ley, adquiriendo el contrato fuerza de ley entre las partes, según el principio “pacta sunt servanda”. Asimismo, para la constitución, validez y eficacia de un contrato deben concurrir todos los elementos recogidos en el artículo 1262 del Código Civil.

En definitiva, un Smart Legal Contract es un contrato redactado parte en lenguaje natural y parte en código, celebrado a distancia y autoejecutable. Por ello, se puede afirmar que tiene la misma naturaleza que un contrato tradicional, radicando su mayor peculiaridad en el medio utilizado.

Conforme a lo anteriormente expuesto, la modalidad de contratación que más se asemeja al contrato digital es la contratación electrónica. En este sentido, resultan como normas de referencia la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico (1996) y la Ley 34/2002, de servicios de sociedad de la información y del comercio electrónico. La primera, fue elaborada con el fin de unificar y estandarizar unas reglas aplicables a nivel internacional que suprimieran los obstáculos de las diversas legislaciones de comercio electrónico, al mismo tiempo, que se potencia y la segunda es una normativa española que deriva de la transposición de una Directiva europea.

¿Qué inquietudes plantean los Smart Legal Contracts?

En lo que se refiere a la plataforma Ethereum, recordar que se sustenta en una cadena pública, abierta y descentralizada, que se sostiene por nodos descentralizados que se van uniendo a la misma. En consecuencia, es una red inestable que depende directamente del número de nodos que la forman en cada momento, variando la capacidad computacional de la misma y las garantías de seguridad y confianza.

De la misma manera, destacar el anonimato de las partes intervinientes en esta red, tanto de los que validan la cadena de bloques como los que intervienen como usuarios de la plataforma introduciendo sus Smart Contracts. Desde el punto de vista de una empresa que esté interesada en que sus contratos se auto-ejecuten a través de Ethereum, resulta inquietante a nivel de confidencialidad la falta de control sobre la plataforma o que la ejecución de los mismos dependa de terceros anónimos.

Recientemente ha sido publicada la Ley de Secretos Empresariales, que al en su artículo 1.1.c) dispone como requisito para considerar confidencial la información, que su titular adopte medidas razonables para mantenerla en secreto. A modo de reflexión, y acorde a lo señalado por la normativa indicada, cabría plantearse en qué lugar queda una empresa que utiliza la tecnología blockchain original (abierta, pública y descentralizada) para albergar todos sus contratos y supeditar a ella la ejecución de los mismos.

Smart Contracts: ¿un desafío para la Unión Europea?

Por otra parte, como otra norma transversal que afecta al intercambio de datos, en este caso personales, cabe mencionar el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Esta normativa, se proyecta sobre una perspectiva centralizada, contraria al principio de neutralidad, chocando radicalmente con la tecnología blockchain. El RGPD dirige su estrategia a atribuir responsabilidad proactiva a las empresas obligadas a evidenciar, en cualquier momento, su cumplimiento (art.5.2. RGPD). Una de las directrices básicas del RGPD es” privacy by design”, debiendo integrarse la protección de datos personales en el diseño de cualquier tecnología o aplicación en la que se traten datos personales.

reglamento general protección de datos

Es importante indicar que, a priori, los Smart Legal Contracts entrarían dentro del ámbito de aplicación del RGPD, teniendo en cuenta las técnicas de pseudonimización que se utilizan en la red blockchain. Por ello, una de las inquietudes más difíciles de abordar es cómo se aplicará el RGPD a una blockchain pública, descentralizada y cuyo contenido resulta inalterable.

Al mismo tiempo, en lo que se refiere a las figuras del RGPD, resultaría muy difícil, sino imposible, asignar cada uno de los roles que se contemplan y, por ende, el responsable de cumplir con la legislación y estar en disposición de evidenciarlo.

Otra cuestión abierta en protección de datos, es la inmutabilidad del blockchain, resultando complejo visualizar la manera en que los interesados pudieran ejercer los derechos que le reconoce el RGPD o la aplicación de principios, como el de limitación del plazo de conservación de los datos.

Conclusion

Pese a lo anteriormente expuesto, la protección de datos personales no es un derecho absoluto, tal y como enuncia el propio RGPD en su considerando 4. En este sentido, se podrían arbitrar fórmulas con la que dar cumplimiento al RGPD. Además, están surgiendo nuevas variables del blockchain que podrían salvar estas incompatibilidades como la “poda de bloques” (pruning).

Por último, señalar que las cuestiones anteriormente referenciadas no son las únicas que generan inquietudes en relación con los Smart Legal Contracts. La legislación actual está obsoleta, lo que propicia que cada uno de los estados miembros legisle de forma autónoma e independiente, sin garantías de reconocimiento mutuo por el resto de estados miembros. Por tanto, se requieren acciones rápidas que permitan el desarrollo de estas tecnologías a nivel europeo. En caso contrario, el Mercado Único Digital que pretende la Unión Europea quedará en desventaja frente a otros estados más flexibles y menos garantistas.